El asesor legal de la Procuraduría, Ariel Salinas, presentó dos denuncias sobre posibles hechos de corrupción en Petropar atribuidos a la administración pasada. El hecho es el primero al que se sumarian otras denuncias, de acuerdo a nuestras fuentes.
Estas dos primeras denuncias tiene relación con otorgamiento de contratos indebidos que atentan contra intereses de la empresa estatal. Una de las denuncias se relaciona a la provisión irregular de gas licuado de petróleo (GLP) a la empresa Buenaventura SA, propiedad de Fernando Rafael Ramos, por un tiempo de seis meses.La empresa retiró el producto, pero no pagó. Petropar presentó como prueba los tickets de entrega de la carga. En este caso, el daño económico al Estado rondaría los G. 1.500 millones, de acuerdo a la carpeta presentada. Buenaventura SA explota una estación de servicio con emblema Petropar en la ciudad de Ñemby, según los datos.
La segunda deenuncia tiene que ver con la adjudicación de un contrato y su posterior ampliación, para la provisión de diésel. Se otorgó a la empresa Glencore International AG a un precio de 438 dólares el metro cúbico y luego a 429 dólares el metro cúbico. Petropar podía facturar por el segundo precio, una vez que el primer contrato ya fue cumplido, pero prefirió usar el valor más alto, con lo que se causó a la estatal un daño de unos G. 1.383 millones en una sola operación, según la denuncia.
La rosca sindical y los operadores, por la contundencia de las denuncias, ya entraron en temor para sostener la carpeta a favor de Alberto Cañete, quien era el candidato para el cambio en Petropar, posibilidad que hoy cae por ser hombre de la misma línea de Jara. El documento de denuncia menciona directamente a Eddie Jara como responsable del hecho sucedido en Petropar.
