La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) dio un plazo de 15 días al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para que presente un plan de depuración de la nómina de beneficiarios del programa.

Una abogada en el distrito de San Juan Nepomuceno percibía G. 260.000 –desde mayo de 2010– del programa Tekoporã. En Caazapá, una mujer de escasos recursos figura como beneficiaria desde 2015, pero jamás cobró ni un solo guaraní de los G. 500.000 que se depositaban a su nombre y que “definitivamente alguien se quedó con su plata”, apuntó el ministro Luis Cardozo, titular de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

Casos como esos saltaron de una verificación in situ que realizó la AGPE en cuatro departamentos. Eso tuvo lugar en forma paralela al censo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que constató 430 adjudicaciones indebidas del mencionado programa.

“Prácticamente son las mismas observaciones (del MDS), donde personas que no deberían cobrar Tekoporã están cobrando”, compartió los resultados de la muestra en 99 hogares tomada de forma aleatoria en Caazapá, San Pedro, Itapúa y Guairá.

“La mayoría son comerciantes, tienen negocios y el programa es para familias de escasos recursos”, sopesó.

Desde la AGPE entienden que la nómina de Tekoporã “no es confiable”. Es por eso que Cardozo emplazó al MDS para que presente un plan para depurar el Sistema Integral de Gestión de Participantes (Sigbe). Eso fenece el 26 de febrero, en razón de que la notificación fue remitida el pasado lunes 11.

“La recomendación principal es que, lo antes posible, se depure el listado. Así como están las cosas, el sistema está desactualizado y no es confiable”, dijo sobre el sistema.

Por lo pronto, indicó que pondrán a disposición de la Fiscalía el caso de la mujer que figuraba como beneficiaria, pero que nunca cobró.

Del resto están analizando cada carpeta para detectar “dónde se produjo la falencia”. Ese trabajo –indicó– lo hacen junto a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Asesoría de Transparencia e Integridad del Gobierno, a cargo del ex fiscal anticorrupción Carlos Arregui.

En Tekoporã, aparte del MDS intervienen la Secretaría Técnica de Planificación (STP), las autoridades municipales y otrora la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec).

“Lastimosamente hay que reconocer que en esto también influye y mucho la parte política, el clientelismo político”, reconoció respecto a lo que entra a tallar en la asignación de dicho beneficio.

MUCHOS MÁS. Para Cardozo, la muestra que realizaron les da la pauta de que serían más de 2.000 beneficiarios irregulares como estimó el ministro de la MDS, Mario Varela.

“Conforme a nuestro trabajo, si tomamos solo cuatro departamentos y tenemos estas observaciones, me atrevería a decir que a nivel país puede llegar a más de 2.000 participantes o beneficiarios que están cobrando indebidamente”, suscribió.

Les está resultando difícil –dijo– identificar el origen de la irregularidad. “Se tiran la pelota: los del Ministerio de Desarrollo te dicen que el censo hizo la Secretaría Técnica de Planificación”, lanzó al tiempo de aclarar que en la auditoría que llevan a cabo no pueden acusar a nadie.

“Lo que hacemos es opinar sobre el proceso en sí: tratamos de identificar dónde estuvo la falencia, bajo qué institución. Eso estamos analizando”, completó. La semana próxima tendrían un reporte./Ultima Hora