El Dr. José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura de los parlamentarios. Expresó que con esta ley los políticos pretenden que se judicialice la política.

«Están delegando facultades que les son propias», dijo Altamirano en comunicación con ABC Cardinal. Afirmó que los legisladores no pueden delegar una competencia que constitucionalmente poseen y mencionó que el propósito de pasar al Tribunal de Justicia Electoral la atribución para juzgarlos, es algo imposible. Destacó que no es prerrogativa de la Justicia Electoral juzgar la conducta de los parlamentarios, pero sí su nominación y el hecho de haber sido o no electos.

El exministro hizo énfasis en que con estos intentos de autoblindarse los políticos están tentando a la ciudadanía asuntos con los que se deberían tener cuidado ya que «cuando el paraguayo reacciona, lo hace muy sanguíneamente». Señaló que no se puede seguir especulando con la apatía generalizada, pues esta hoy ya no existe. “El paraguayo despertó y tiene la capacidad de reacción”, manifestó.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que inconstitucionalmente traslada al Tribunal Electoral el tratamiento de la pérdida de investidura de los legisladores. Este proyecto establece que la pérdida de investidura sea a través de una ley y no de un reglamento interno.

En otro punto, emitió su opinión sobre la destitución de Sindulfo Blanco. «Si lo hacían hace cuatro años, hubiese aplaudido», alegó el exministro, y remarcó que la expulsión es tardía y no tendrá ningún efecto. Además, subrayó que la destitución de Blanco no incide en los términos de la jubilación, ya que esta depende del aporte y la edad biológica, de forma independiente a los procesos que el involucrado tenga pendiente con la justicia.

Como cierre a sus consideraciones declaró que si cinco o seis ministros se cambian, tal vez llegue la renovación de la justicia, pero insistió en que él aún no le tiene suficiente confianza al Consejo de la Magistratura.